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El caso de la Revista Contralínea, acosada judicialmente y sin publicidad estatal por investigar casos de corrupción en Pemex, llevó al Defensor del Pueblo (Comisión Nacional de DDHH) a exigir al monopolio estatal: "procedimientos y criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios en el otorgamiento y distribución de publicidad oficial a favor de los distintos medios de comunicación, tanto electrónicos como impresos". La inédita recomendación busca poner fin al enredo entre compra de publicidad con el criterio informativo y editorial. Así sea.

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