Pemex tiene un gran reto. En estos días, el consejo de la dependencia que comanda Juan José Suárez Coppel deberá dar el visto bueno al reglamento de la Ley de Contenidos Nacionales de su Proveeduría, con el fin de dar mayor certeza jurídica a los proveedores.
El objetivo es que la participación de la mano de obra y de las empresas mexicanas sea de 51%, cantidad más que considerable si visualizamos que hoy dicha participación nacional es menor a 10 por ciento.
Pemex deberá esclarecer las reglas para evitar que al rato todos los jugadores de este sector hagan valer la ley conforme a sus beneficios y entendimiento, llevando el tema a grandes procesos legales. Ahí tenemos la situación que atraviesa la industria de la mensajería y la paquetería.
El planteamiento que han externado los jugadores nacionales, al mando de la Asociación Mexicana de Proveedores Nacionales, es que la participación de capital mexicano en la empresa licitante o a través de una alianza específica con una empresa mexicana pase de 02% a 6%; los activos en México de 2% a 40%; y la participación de personal mexicano sea de 16% y no de 0.2 por ciento.
Cifras que no escapan de la realidad internacional, pero que en territorio azteca se han perdido. De ahí que después sea tan criticado el paternalismo de no a la privatización, cuando tampoco se están cuidando las condiciones actuales de las empresas y trabajadores locales.
La falta de condicionales provocan lagunas tan complejas como que no haya una delimitación y reglas claras para definir cómo es que Pemex debe aprovechar su posición de productor de petróleo y gas, para dar un impulso definitivo a la industria local de servicios petroleros y a la economía en su conjunto, tal cual hoy lo hacen países como Noruega, Brasil y Nigeria.
Situación que no sólo pone en desventaja a México en materia de competitividad, sino en una gran disyuntiva al organismo, que todavía es el pilar de la economía mexicana.
Por lo pronto, la actual metodología de cálculo de contenido nacional deja mucho que desear, pues no se incluyen conceptos clave: estudios de preinversión, ingeniería, mano de obra y servicios, además de no verificar el cálculo de contenido nacional.
En concreto, Pemex, el gobierno de Felipe Calderón y la Comisión de Energía, bajo la presidencia de Felipe de Jesús Cantú, tienen una gran tarea por resolver, para evitar que se siga debilitando la columna vertebral de la economía. La pregunta es, ¿de verdad se pondrán reglas claras en pro del funcionamiento de Pemex o se irá pasando la batuta de la paraestatal poco a poco? ¿No sería mejor esclarecer las reglas del juego de Pemex, aun cuando ellas signifiquen dar un paso más grande hacia la iniciativa? Lo importante es que se tendrían reglas claras. ¿Será mucho pedir?