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La organización internacional Transparencia Internacional dio a conocer la semana pasada su informe anual 2009, que mide la percepción que existe sobre las prácticas corruptas en el sector público y la iniciativa privada. El estudio se realiza en 180 naciones, a partir de encuestas entre expertos y empresas, y no mide los reales niveles de corrupción que puedan o no existir, pero sí la apreciación que se tiene sobre ella.

Los países que tienen calificaciones más altas son Nueva Zelanda (9.4), Dinamarca (9.3), Singapur (9.2). En el continente Americano las mejores percepciones son para Canadá (8.7) y Estados Unidos (7.5). Lo que explica esa valoración, dice el documento, es "una estabilidad política, normativas fuertemente estables sobre conflictos de interés e instituciones públicas sólidas y efectivas".

La América Latina no sale bien librada y demuestra "serios problemas de corrupción", ya que sólo tres países superan el cinco, que son, Chile (6.7), Uruguay (6.7) y Costa Rica (5.3). Debajo de cinco, pero arriba de los demás, se encuentra Cuba (4.4). La encuesta incluye temas relacionados con sobornos, pagos irregulares, malversación de fondos públicos y transparencia del gasto. El estudio no hace distinción entre los diferentes niveles de gobierno.

Los peores de la región son Haití (1.8), Venezuela (1.9), Paraguay (2.1), Ecuador (2.2), Nicaragua (2.3), Honduras (2.5), Bolivia (2.7) y Argentina (2.9). Los países que se han propuesto cambios "radicales" y en los que sus gobernantes han cambiado la constitución para reelegirse y han centralizado el poder, aparecen como los que tienen niveles de percepción más altos en materia de corrupción.

A la mitad de la tabla se encuentran Brasil (3.7), Colombia (3.7), Perú (3.7), Panamá (3.4), Guatemala (3.4), El Salvador (3.4), México (3.3) y Dominicana (3.0). De acuerdo con el estudio, "la puntuación baja de la mayoría de los países latinoamericanos refleja el hecho de que las instituciones débiles, las prácticas de gobernabilidad deficiente y la excesiva injerencia de los intereses privados continúan frustrando iniciativas tendentes a promover el desarrollo equitativo y sostenible".

El texto añade que "el soborno, los cárteles (del narco) y otras prácticas corruptas frustran la competencia y contribuyen a la pérdida masiva de los recursos para el desarrollo en todos los países, especialmente los más pobres". De manera particular, sobre los casos de Brasil y México, lo dice también de Colombia y Perú, lamenta que si bien se "ubican entre las principales economías de la región y, pese a que deberían convertirse en referentes de la lucha contra la corrupción, se han visto sacudidos por escándalos sobre impunidad, pagos irregulares, corrupción política y captura del Estado".

En 2008 México ocupó el sitio 72, de 180 países, con una calificación del 3.6, pero 12 meses después baja al lugar 89 con una puntuación de 3.3. De un año a otro cae 17 puestos. El caso de México no puede ser visto de manera aislada y se inscribe en los problemas que aquejan a la mayoría de los países de la región. Políticos de la oposición y algunos académicos ligados al López Obrador tienden a sacar el problema de contexto, como si México fuera el único caso no sólo en América Latina, sino en el mundo.

El problema está ahí y no puede ignorarse, independientemente de que la percepción pueda cambiar de un año a otro. Lo que puede explicar que se haya modificado la apreciación está asociado en buena medida, tal como lo plantea Eduardo Bojórquez, director de Transparencia Internacional capítulo México, a la visión que provoca la lucha contra el narcotráfico y la violencia asociada a ella. Influye también que se percibe menos transparencia de las instituciones públicas de todos los poderes y órdenes de gobierno.

Al parecer, a la base del cambio de percepción está, como él mismo lo señala, que al nivel de los gobiernos estatales y municipales, que gozan cada vez de mayores atribuciones, no existe "la rendición de cuentas efectiva y la homologación de la ley". Si bien el estudio no distingue entre los distintos niveles de gobierno, al federal corresponde su parte. Me atrevo a sugerir que el cambio en la apreciación está asociado de manera directa a las decisiones cupulares entre los partidos sobre temas centrales de la vida pública y también a la falta de transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos estatales y municipales.

La presidenta de Transparencia Internacional, Huguette Labelle, asegura que para contener a la corrupción es necesario "un activo control por parte del Poder Legislativo, un Poder Judicial eficiente, organismos de auditoría y lucha contra la corrupción independientes y con recursos adecuados", y añade la necesidad de la aplicación "enérgica" de la ley, la transparencia presupuestal y medios de comunicación realmente independientes. Las atribuciones que la Cámara de Diputados dio a los gobernadores, al aprobar el presupuesto de egresos 2010, van precisamente en la dirección contraria. Son medidas como éstas las que explican el cambio en la percepción

Rubén Aguilar Valenzuela , es Doctor en Ciencias Sociales, licenciado en Filosofía y maestro en Sociología, fue portavoz de la Presidencia durante la segunda mitad del gobierno de Vicente Fox. Sus artículos son publicados por varios medios en México y se pueden leer en el blog Mis Cuadernos: Ruben Aguilar Valenzuela . Sus puntos de vista no necesariamente son los de Petroleumworld.

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